Legislar para la igualdad: cooperación y conocimiento para avanzar en la autonomía económica de las mujeres en Iberoamérica
Resumen de la noticia
La igualdad de género y la autonomía económica de las mujeres constituyen ámbitos prioritarios de trabajo para la Cooperación Española. Fortalecer los marcos normativos, generar conocimiento que contribuya al diseño de mejores políticas públicas y promover el intercambio de experiencias entre países son algunas de las vías para avanzar hacia una igualdad real y efectiva.
En este marco, Montevideo acogió el encuentro “Legislar para la igualdad: inclusión financiera y una vida laboral libre de violencias en Iberoamérica”, organizado en torno a los avances y desafíos que enfrenta la región para garantizar la autonomía económica de las mujeres y entornos laborales seguros y libres de violencia.
La actividad contó con una mesa de apertura integrada por Javier Salido Ortiz, Embajador de España en Uruguay, y Mónica Xavier, Directora del Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay, junto con las intervenciones en video de Lorena Larios, Secretaria para la Cooperación Iberoamericana de la SEGIB, y Bibiana Aído Almagro, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.
Una herramienta regional para transformar evidencia en políticas
Uno de los ejes centrales del encuentro fue la presentación de la versión ampliada y actualizada de la Plataforma Virtual de Legislación en materia de Autonomía y Empoderamiento Económico de las Mujeres en Iberoamérica, impulsada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y ONU Mujeres, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La herramienta reúne y analiza actualmente 894 leyes de los 22 países iberoamericanos, amplía de ocho a doce áreas de análisis y está disponible en español, portugués e inglés, favoreciendo tanto el acceso al conocimiento generado en la región como su proyección internacional.
La nueva versión incorpora cuatro ámbitos especialmente relevantes para la autonomía económica de las mujeres: inclusión financiera, inclusión digital, fiscalidad con perspectiva de género y violencia contra las mujeres en el mundo del trabajo. A ellos se suma una actualización integral del área de cuidados, incorporando los desarrollos normativos y estándares internacionales más recientes en corresponsabilidad, protección social, uso del tiempo y licencias.
Estos ámbitos reflejan el carácter multidimensional de la autonomía económica. El acceso al crédito y a los servicios financieros, las competencias y oportunidades digitales, unas políticas fiscales sensibles a las desigualdades de género o la posibilidad de desarrollar una trayectoria laboral libre de violencia son condiciones necesarias para que las mujeres puedan acceder y controlar recursos y participar plenamente en la economía.
Los datos que aporta la Plataforma permiten, además, identificar avances y desafíos concretos. En materia digital, por ejemplo, solo el 23 % de los países iberoamericanos cuenta con legislación vigente sobre el acceso digital de las mujeres. En el ámbito de la violencia en el mundo del trabajo, en cambio, el 86 % de los países ha ratificado el Convenio 190 de la OIT y/o incorporado en su legislación laboral los principios de la Recomendación 206.
De las leyes a su implementación efectiva
Más que un repositorio legislativo, la Plataforma constituye una herramienta para comparar, generar evidencia y orientar reformas. Para cada una de sus áreas establece estándares internacionales de referencia, analiza la legislación de los 22 países a partir de criterios comunes e identifica avances y brechas.
A partir de este análisis, formula recomendaciones que permiten determinar qué aspectos de la legislación es necesario preservar, ampliar, reformar o eliminar. La herramienta ofrece también análisis específicos por país, acceso a las fuentes legislativas y tratados internacionales, información sobre su estado de ratificación y una visualización de los avances y brechas mediante semáforos legislativos.
Este enfoque conecta con una de las prioridades de la cooperación en materia de igualdad: contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas y de las capacidades institucionales, facilitando herramientas y conocimiento que permitan transformar los avances normativos en cambios efectivos.
Porque contar con leyes que reconozcan derechos constituye un paso fundamental, pero el desafío continúa siendo que esos derechos puedan ejercerse y se traduzcan en mayor autonomía, igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida para las mujeres.
Cooperación y alianzas para avanzar en igualdad
La actualización de la Plataforma da continuidad al trabajo conjunto que SEGIB y ONU Mujeres desarrollan con el apoyo de AECID, para identificar brechas normativas, visibilizar avances y contribuir al fortalecimiento de los marcos legales para la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres.
La iniciativa muestra también el valor de la cooperación como espacio para generar conocimiento regional, compartir experiencias y conectar instituciones y países en torno a desafíos comunes.
Concebida para gobiernos, parlamentos, mecanismos para el adelanto de las mujeres, organismos internacionales, academia y organizaciones de la sociedad civil, la Plataforma permite que la evidencia generada pueda ser utilizada por quienes intervienen directamente en la formulación, reforma y seguimiento de leyes y políticas públicas.
El encuentro celebrado en Montevideo reafirmó así la importancia de continuar articulando esfuerzos entre instituciones públicas, organismos internacionales y actores de la región, fortaleciendo las alianzas y el intercambio de conocimiento para avanzar hacia sociedades más igualitarias.
Desde la Cooperación Española, apoyar estos procesos supone contribuir a que la igualdad reconocida en las normas pueda avanzar hacia una igualdad real y efectiva, en la que las mujeres puedan participar plenamente en la economía, acceder y controlar recursos y desarrollar sus trayectorias laborales con autonomía y libres de violencia.
